Nombrar y confirmar: virtud o torpeza

Por Lcdo. Víctor Rivera Hernández

Quien conoce y valora los procesos de nombramiento del gabinete de parte del ejecutivo y la correspondiente confirmación de parte del legislativo, no tendrá problemas en estipular que ambas encomiendas requieren virtud o exhiben torpeza. Ambos procesos tienen el propósito de producir un efecto positivo en la gobernanza dentro de la gestión pública. Después de todo, tal como expresó el ex gobernador Roberto Sánchez Vilella, hace algunos años, “un nombramiento no compromete solamente a la persona seleccionada; compromete más que nadie a la autoridad nominadora”, y yo me atrevería añadir “a quienes confirman o no ese nombramient

Se habla por lo bajo y por lo alto, que existen razones para creer que luego de alrededor de cuatro meses el Senado de Puerto Rico pudiera recibir la recomendación de alguna comisión legislativa de colgar varios nombramientos enviados por el gobernador. No olvidemos en la ecuación, que al día de hoy no hay un Secretario de Estado nombrado en propiedad, ni tampoco un Contralor, ya sea por acción, omisión, diseño o intención del legislativo. Puede que tengan razón. Puede que no la tengan.'

Lo antes dicho, sugiere varios escenarios que comparto. Puede que haya incapacidad del ejecutivo en el ejercicio de nombrar; incapacidad del legislativo en la confirmación y en su responsabilidad de consejo y consentimiento; falta de idoneidad en los nominados y defectos en su reclutamiento y en su selección; falta de carácter y liderato en el ejecutivo y en el legislativo para atender este proceso con inteligencia y sabiduría; una agenda política de desestabilización del ejecutivo por parte de la oposición y/o una incapacidad manifiesta del ejecutivo y del legislativo para acordar consensos mínimos en un área tan medular y a la vez tan neurálgica como lo es nombrar y confirmar al gabinete.

Es una realidad insoslayable que con el mero nombramiento de una persona a un gabinete, cada gobernador o gobernadora “proyecta la imagen “del gobierno que desea para su país. Ello hace responsable al ejecutivo, en primer término, y sugiere la existencia la Fortaleza, de una estructura en evaluación rigurosa sobre las y los candidatos a ser considerados. En esa evaluación es obligatorio analizar características personales, profesionales, ejecutivas, administrativas, técnicas y cognitivas de los prospectos; hecho que requiere una estructura inteligente y suspicaz, incluso para adelantar causas que impidan la nominación o la confirmación.

El nombramiento de una o de un jefe de gabinete, presupone también la consideración de personas honradas, honestas, competentes, cualificadas, éticas, con formación académica y profesional en el área para la cual se nomina, ello con la garantía del servicio público como un valor y con un claro entendimiento y visión de lo que es gobierno.

Una vez el ejecutivo cumple con esos lineamientos, toca al legislativo descargar su responsabilidad de pesos y contra pesos, con igual virtud. En ese mandato constitucional de consejo y consentimiento, el legislativo no está en la obligación de confirmar por fe, sino en la responsabilidad de emitir su juicio a base de un análisis y un criterio desapasionado, informado y riguroso. Ese es el proceso de consejo y consentimiento en el cual no debe existir ningún otro elemento exógeno, que no sea la estricta consideración del mérito y de la capacidad del o de la nominada para desempeñar el cargo. En esa ecuación, no debe haber espacio para “quid pro quo”, diseños, venganzas, ventajas políticas, ni para luchas por el poder político de cara al futuro.

En pleno 2021, en tiempos convulsos, de apatía electoral, de rechazo al liderato político tradicional, de pluralidad por descalificación donde no existen mayorías políticas y del desplome de los partidos políticos; el proceso de nombramiento y la confirmación, merece ser distinto y ejemplar. A los encargados de ese proceso, en ambos lados, les recuerdo que hoy más que nunca el país observa su virtud o su torpeza, en el desempeño de su función.